JUSTICIA TRANSICIONAL
JUSTICIA TRANSICIONAL
Que significa Justicia Transicional
La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.
La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos. Hacer caso omiso de los abusos masivos es una salida fácil, pero destruye los valores en los que cualquier sociedad digna debe asentarse. La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos.
Las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede producir fragilidad: ocasionando debilidad, inestabilidad, politización y escasez de recursos a instituciones políticas y judiciales como el Parlamento, los tribunales, la policía y la Fiscalía. De por sí, las violaciones de derechos habrán socavado la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas.
La necesidad de responder con legitimidad a esas violaciones de derechos masivas, cuando su propia magnitud y la fragilidad social actúan como condicionantes, es lo que define a la justicia transicional y lo que la diferencia del fomento de los derechos humanos y, en general, de su defensa.
Los objetivos de la justicia transicional
Una mujer comparte su testimonio durante una audiencia pública de la Comisión de la Verdad y la Dignindad de Túnez. (IVD)
Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes.
Entre sus objetivos complementarios figuran los siguientes:
- Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.
- Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.
- Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.
- Respetar el Estado de derecho.
- Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.
- Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.
- Fomentar la reconciliación.
"Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes"
¿Qué elementos componen la justicia transicional?
La magnitud de los abusos y la fragilidad social conllevan que no todas las violaciones de derechos se aborden como se haría en circunstancias normales. Normalmente, se insiste en cuatro tipos de “enfoques”:
- Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más graves.
- Procesos de “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales. Son iniciativas diversas, pero suelen centrarse no sólo en los acontecimientos, sino en sus causas y consecuencias.
- Reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos.
- Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército y los servicios de información militar.
Estos enfoques no deben considerarse mutuamente excluyentes. Por ejemplo, las comisiones de la verdad no sustituyen a los procesos judiciales. Sus objetivos son distintos, ya que ofrecen un grado de reconocimiento mucho mayor y combaten la cultura de la negación. Igualmente, las reformas constitucionales, jurídicas e institucionales no excluyen otras medidas, sino que apuntan directamente a la recuperación de la confianza y a la prevención de nuevos abusos.
También es importante aportar innovación y creatividad a esos enfoques y a otras posibilidades.
Por ejemplo, las comisiones de la verdad y de investigación abordan ahora la corrupción endémica de regímenes anteriores con métodos no utilizados por organismos similares hace veinte años.
En ciertas circunstancias, las comisiones de la verdad y las reformas legales posibilitan avances importantes en la lucha contra problemas de marginación graves. Por ejemplo, en Sierra Leona, las iniciativas de reforma legal mejoraron sustancialmente la situación jurídica de las mujeres a comienzos de la década de 2000. En el sur de Yemen, la reaparición de la violencia frenó en seco un imaginativo proyecto, centrado en la expropiación masiva de tierras y otras propiedades, pero éste indica que los procesos de justicia transicional pueden en ocasiones llegar incluso a enfrentarse a complejos problemas de tenencia de tierras.
Una justicia transicional integral
"Las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que se puede hacer y cuándo"
No sólo es importante afrontar con creatividad e innovación las formas establecidas de lidiar con las violaciones de derechos humanos masivas, también hay que sopesar otras cuestiones relevantes, que aumentan las posibilidades de éxito de la justicia transicional
El análisis del contexto: las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que se puede hacer y cuándo. Es preciso dedicar tiempo al análisis, evitar las “listas de deberes” o los enfoques rígidos, y asegurarse de que las acciones respondan a un conocimiento bien fundamentado de las condiciones del país.
La elección de intervenciones adecuadas: en ocasiones, los condicionantes que imponen la magnitud de los abusos y la fragilidad social aconsejarán no hacer demasiadas cosas a la vez. Está claro que algunos se aprovecharán de esos factores para posponer sine die la acción de la justicia. El “arte” de la justicia transicional consiste en llegar a un equilibrio entre la búsqueda de justicia, que suscita resistencias, y el riesgo que conlleva la inestabilidad.
Todas las formas de abordar las violaciones de derechos y sus causas son complejas. Exigen un tiempo y unos recursos que en muchos países serán escasos. No existe un único consejo fiable que sirva para todas las situaciones. Lo importante es que las medidas de justicia se desarrollen cuando más probable sea su aplicación, ya sea ésta inmediata o más a largo plazo.
La participación: la oportunidad de afrontar violaciones de derechos humanos masivas puede ser importante para la vida de cualquier sociedad. Posibilita más apertura, nuevas actitudes y el acercamiento a sectores sociales que, como las mujeres, se hayan visto marginados. En una situación así, el valor y la sostenibilidad de las iniciativas de justicia dependerán en gran medida de la participación popular, no sólo de las estructuras de poder político y económico. Será preciso, por tanto, ir más allá de los pactos entre élites y de los intereses creados, exigiendo que las víctimas y otros grupos marginados puedan también manifestar cuál es la mejor manera de reparar las violaciones de derechos cometidas, para que el futuro les garantice una mayor seguridad.
La innovación: puede que algunos aspectos de la justicia transicional estén bien asentados, pero un análisis sosegado también puede alumbrar juiciosas innovaciones. Quizá en algunas circunstancias la manera más elocuente de reparar violaciones de derechos humanos masivas no responda a la forma habitual de entender la rendición de cuentas. Por ejemplo, si ha habido desplazamientos forzosos a gran escala, quizá lo primero que los defensores de los derechos humanos deban hacer para afrontar las atrocidades y la destrucción sea garantizarles a los retornados seguridad y la recuperación de sus propiedades, además de esclarecer qué fue de los desaparecidos. Puede que esas medidas sean más prioritarias que otras más convencionales, relativas a justicia penal, investigaciones o esclarecimiento de la verdad, y debemos estar dispuestos a considerarlas parte de la justicia transicional.
Analizar el contexto, elegir las intervenciones que éste exige y fomentar la participación y la innovación son los elementos en los que se basa una justicia transicional adaptada a las diversas circunstancias.
¿Para que haya justicia transicional tiene que haber una “transición”?
Activistas colombianos durante una manifestación. (ICTJ)
A veces resulta innecesariamente confuso precisar si un país está o no en “transición”, pero, en la práctica, no es tan complicado. De lo que se trata es de saber si ha surgido una oportunidad, aunque sea limitada, de afrontar las violaciones de derechos masivas.
Estas oportunidades se suelen presentar con más frecuencia relacionadas, de una u otra manera, con procesos de paz que pretenden poner fin a conflictos armados internos, ya que las partes que negocian y otros participantes en las conversaciones intentan incorporar a los acuerdos elementos relacionados con la justicia. A veces estos reflejan reivindicaciones de la sociedad civil y de asociaciones de víctimas que buscan justicia. Entre los ejemplos a este respecto figuran Colombia, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal y otros países. En algunos de esos casos el conflicto armado se ha producido al mismo tiempo que las violaciones de derechos de un régimen profundamente represivo.
Los Gobiernos que sustituyen a regímenes represivos también pueden aprobar y apoyar diversas medidas de justicia relacionadas con atrocidades masivas. Entre los ejemplos figuran los de Argentina en la década de 1980, Chile y Sudáfrica en la de 1990, y, más recientemente, Perú y Túnez.
Otras situaciones más difícilmente clasificables son las de Kenia y Costa de Marfil: en ambos países proliferaron actos de violencia postelectoral que costaron muchas vidas y desplazaron a una enorme cantidad de personas.
En algunas situaciones, la magnitud de los abusos y la fragilidad social saltan a la vista, pero la oportunidad es menor. Ejemplos de esta situación son Afganistán e Irak, donde la guerra continúa.
¿Qué peso tienen ciertos condicionantes?
"De la distribución del poder dependerá gran parte de lo que pueda hacerse"
¡Son decisivos! Es frecuente que las iniciativas para afrontar violaciones de derechos masivas tengan que superar enormes obstáculos. Puede que sectores con algo que temer de la acción judicial sigan controlando algunos o la mayoría de los resortes del poder. De la distribución del mismo dependerá gran parte de lo que pueda hacerse.
Las medidas de justicia transicional casi siempre se aplican en sociedades enormemente polarizadas. Puede que las instituciones, al ser débiles, necesiten un tiempo y unas inversiones considerables antes de poder siquiera plantearse afrontar los abusos sistemáticos. Quizá en algunos lugares la sociedad civil y las asociaciones de víctimas sepan hacerse oír y estén muy organizadas y, en otros, divididas y débiles, tengan menos capacidad para obligar al Gobierno a actuar o para relacionarse con él de manera eficaz.
Los medios de comunicación pueden carecer de independencia o estar polarizados, defendiendo relatos parciales y excluyentes. La comunidad internacional puede tener mucho interés en el país o muy poco. El apoyo a las medidas de justicia y su puesta en marcha dependerán, entre otras cosas, de todos esos factores.
¿De dónde procede la expresión “justicia transicional”?
La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.
Sólo era una expresión descriptiva. No daba a entender que hubiera un enfoque normalizado y ni siquiera principios comunes, como se desprende de la enorme variedad de métodos que los diferentes países decidían aplicar o no al afrontar esos abusos.
La expresión, sobre todo en EEUU, acabó calando, debido al gran interés que había en cómo lidiarían los antiguos países del bloque soviético con el legado del totalitarismo.
¿Ha cambiado con los años la concepción de la justicia transicional?
Al principio, la expresión describía diferentes enfoques en distintos lugares, no un concepto o una práctica coherente. En las décadas de 1990 y 2000 surgieron nuevos enfoques y prácticas, basados en el reconocimiento de principios relacionados con los derechos humanos y en que bajo ningún concepto podía ignorarse la vulneración de los mismos. A todo ello iban ligados determinados mecanismos como los procesos judiciales, las investigaciones (o iniciativas de “esclarecimiento de la verdad”), los programas de reparación y las propuestas de reforma, que se consideraban los más eficaces para materializar ese respeto a los derechos humanos.
¿Y dónde estamos ahora? En sus mejores manifestaciones, la práctica actual de la justicia transicional constituye un intento de plantarle cara a la impunidad, aplicar reparaciones eficaces y evitar la repetición de crímenes, no mediante la aplicación rutinaria de criterios normativos, sino a través de una cuidadosa y patente evaluación de los contextos en los que hay que actuar.
¿Qué no es la justicia transicional?
No es un método para acabar con todos los defectos de una sociedad. Las prolongadas luchas sociales y políticas en pro de la justicia y la igualdad de oportunidades pueden beneficiarse de la justicia transicional, pero no se acaban con ella.
No es un tipo concreto de justicia, como la reparadora, la distributiva o la retributiva. Es la aplicación a determinadas circunstancias de una política basada en los derechos humanos.
No es una justicia “blanda”. Intenta proporcionar las medidas de justicia más relevantes en las condiciones políticas de cada momento. Si sólo pretende esquivar la aprobación de medidas de justicia coherentes, no será más que una impunidad más sutil.
Introducción
Justicia transicional: dilemas y remedios para lidiar
con el pasado
Camila de Gamboa Tapias*
Recibido: junio 14 de 2005
Aprobado: julio 13 de 2005
el término justicia transicional refleja una constelación
de problemas y dilemas morales, políticos y jurídicos que se encuentran interrelacionados.
En la configuración de esta constelación de problemas y dilemas
cumple un papel muy importante, como lo expresa Richard H. Solomon, la cultura
nacional, la historia del antiguo régimen y la realidad política de cada sociedad al
iniciar la transición democrática, así como la búsqueda de un proceso político que
permita garantizar que se haga justicia y se logre la reconciliación nacional
En este escrito, se hizo una breve descripción de las medidas que han
implementado las sociedades en transición hacia una democracia, especialmente
en el siglo XX, luego de la segunda Guerra Mundial. Los énfasis, como se verán,
son diversos y no siempre apuntan a garantizar los tres derechos de justicia,
verdad y reparación. Las medidas políticas o los remedios que las naciones han
usado para lidiar con el pasado pueden agruparse en cuatro categorías: las sanciones
criminales, las sanciones no criminales, el reconocimiento del pasado y las
comisiones de la verdad, y las medidas reparativas.
MODELOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL A NIVEL MUNDIAL
Así se vivió la transición y la penalización tras el conflicto en países como Alemania, Argentina, Chile, Ruanda y la antigua Yugoslavia.
A lo largo de los años una gran cantidad de países alrededor del mundo han sufrido la existencia de un conflicto armado que, en su época, debilitó las diferentes esferas de su sociedad, tras lo cual se hizo necesaria no solo la finalización de los enfrentamientos, sino también la construcción de la paz y la reconciliación a través de unos modelos de justicia transicional basados en la verdad, la justicia y la reparación.
A pesar de que, según explica Viridiana Molinares, docente e investigadora de Derecho de la Universidad del Norte, las características de cada situación de conflicto, violencia o guerra que se viva dentro de las sociedades obliga a que las propuestas de justicia transicional que se construyan en cada país sean completamente originales y ajustadas a las características de cada contexto, lo cierto es que “la implementación de algunos modelos de justicia transicional han contribuido a mejorar los estándares de eficacia de esta forma de justicia, debido a que las experiencias anteriores contribuyen a mejorar la formulación de nuevos modelos en contextos actuales”, asegura la experta.
Así pues, no está de más conocer los logros y deficiencias de algunas experiencias, para analizar las características propias del modelo de justicia transicional planteado en la negociación de La Habana, en el cual, de acuerdo con Molinares, “se han especificado todos los estándares internacionales para garantizar un modelo de justicia eficaz que permita alcanzar la transición de una sociedad en conflicto a una que construye paz desde la participación”.
En este sentido, y en el marco de la alianza Misión Caribe, Andrés Velásquez y María Alejandra Uribe, en conjunto con la profesora Viridiana Molinares, hacen un análisis de los modelos de justicia transicional en 5 países diferentes: Núremberg, Alemania; Ex Yugoeslavia; Ruanda; Argentina y Chile, y así ofrecer comparaciones con respecto a las peculiaridades a las que responde el actual proceso de paz en Colombia.
Tribunal Internacional de Nüremberg
Estado del conflicto
El tribunal se impuso luego de la victoria de las potencias Aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Lo que les permitió contar con absoluto control del territorio alemán y hacer prisioneros a la mayoría de los procesados.
Participación internacional
Fue propuesto por un grupo de países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Los jueces y fiscales fueron nacionales de países aliados.
Debate por relación entre Justicia y Paz
La creación del Tribunal se dio por la necesidad de juzgar los crímenes y establecer sanciones a los responsables para asegurar la paz futura, disuadiendo a quienes optaran por desarrollar conductas similares a las adelantadas por las fuerzas nazis.
Condenas impuestas
El tribunal impuso fuertes condenas, propias del derecho penal ordinario de la época. Así, además de penas privativas de la libertad, se impuso la pena de muerte, como sanción principal por los delitos cometidos por los acusados.
Estado del conflicto
Este tribunal permitió un desarrollo sin precedentes en el derecho penal internacional y en los esquemas de protección de derechos humanos. Estableció responsabilidades individuales por los crímenes, divulgó la verdad sobre estos, y facilitó algunas formas de reparación.
Tribunal Internacional para Ruanda
Estado del conflicto
El tribunal se instaló por petición del Gobierno del Frente Patriótico Ruandés, quien resultó vencedor en el conflicto armado que le enfrentaba con el régimen bajo el cual se desarrolló el genocidio racial entre Hutus y Tutsis de 1994.
Participación internacional
Fue creado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de la Resolución 955 de 1994. Fue conformado por jueces internacionales que juzgan a los responsables de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.
Debate por relación entre Justicia y Paz
Se instauró como medida para evitar retaliaciones posteriores al genocidio, así como necesidad de no repetición de los hechos, para reestablecer la paz en la región de los Grandes Lagos, y promover la reconciliación entre Hutus y Tutsis.
Condenas impuestas
Se impusieron condenas a los culpables de delitos de lesa humanidad, siguiendo el principio de proporcionalidad de la pena, se suprimió la pena de muerte y se estableció la condena a perpetuidad como la máxima sanción posible.
Estado del conflicto
Ha facilitado medidas en verdad, justicia y reparación. El territorio de Ruanda ha recuperado seguridad, se han buscado garantías para impedir en el futuro sucesos trágicos como los de 1994. Permitió antecedentes importantes para la Corte Penal Internacional.
Violaciones a DDHH en Chile
Estado del conflicto
El poder de las fuerzas militares, incluso después del referendo para transitar a la a la democracia en 1988, fue obstáculo para la aplicación de justicia. Los procesos penales tuvieron lugar con la consolidación de los gobiernos democráticos.
Participación internacional
La denuncia de la comunidad internacional impulsó juicios en Europa como la Audiencia Nacional Española, que pidió a Reino Unido la extradición de Pinochet en 1998. Finalmente, tribunales nacionales trataron los delitos.
Estado del conflicto
La impunidad generó profundas divisiones en la sociedad chilena, pues solo se reconocieron algunas formas de reparación. El inicio de investigaciones y procesos permitieron avances en verdad y justicia, y con ello se ha acercado a la reconciliación.
Debate por relación entre Justicia y Paz
Bajo el dominio del régimen dictatorial, se expidieron leyes de autoamnistía, con el pretexto de propiciar el proceso de reconciliación nacional. Fortalecidos los gobiernos democráticos, se ubicaron a la justicia y la paz como intereses de la agenda.
Condenas impuestas
El gobierno de Pinochet hizo imposible la realización de juicios y la penalización. Una vez fortalecidos los gobiernos democráticos se iniciaron procesos para imponer sanciones carcelarias, en consonancia con el principio de proporcionalidad de la pena.
Violaciones a DDHH en Argentina
Estado del conflicto
Se dio un largo período de impunidad, motivado por las fuerzas militares para impedir la aplicación de justicia. Las condenas se dieron años más tarde, tras finalizado el período de violencia, al establecerse gobiernos democráticos que sucedieron al régimen militar.
Participación internacional
La comunidad internacional se dividió. Una parte fue solidaria con las víctimas haciendo reclamos al gobierno criminal, mientras que otra encubría a los represores negando sus actos, e incluso brindando apoyo económico, táctico y militar al régimen dictatorial.
Debate por relación entre Justicia y Paz
Inicialmente se impuso que en aras de la paz, la justicia debía sacrificarse. Se aplicaron leyes de amnistía y decretos de indulto. Luego, se reconoció que la reconciliación exigía el establecer responsabilidades individuales por los crímenes contra los derechos humanos.
Condenas impuestas
Se dictaron leyes de amnistía, que impidieron por un tiempo el juzgamiento de muchos represores del régimen, así como indultos para dejar sin efecto las sanciones a los ya condenados. En la segunda etapa se impusieron fuertes condenas, cumpliéndose con el principio de proporcionalidad de la pena.
Estado del conflicto
La impunidad inicial dio lugar al descontento de la población, pues la verdad y la justicia fueron despreciadas en ese período. Las investigaciones posteriores y el inicio de procesos han permitido el cumplimiento con los derechos de las víctimas y el favorecimiento de la reconciliación.
Tribunal Penal para la ex Yugoslavia
Estado del conflicto
El tribunal se impuso luego de que las fuerzas de paz de la Otan lograran el control de la zona de los Balcanes, desgastando el poderío militar serbio y llevando a los acuerdos de Dayton.
Participación internacional
Nació en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, la cual les dio sustento ideológico, logístico y financiero.
Y lo integraron representantes de distintos países miembros de la ONU.
Y lo integraron representantes de distintos países miembros de la ONU.
Debate por relación entre Justicia y Paz
Se constituyó como una herramienta fundamental para reestablecer la seguridad en la región de los Balcanes y promover la paz y reconciliación de sus habitantes.
Condenas impuestas
Se impusieron condenas a los culpables de delitos de lesa humanidad, siguiendo el principio de proporcionalidad de la pena. Se suprimió la pena de muerte, siendo la condena de cadena perpetua la máxima sanción posible.
Estado del conflicto
Ha permitido la restauración de la seguridad y la paz en el antiguo territorio yugoslavo; la creación de medidas para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; el desarrollo de iniciativas en materia de reconciliación.
En una hermosa idea acerca de lo público, Karl Jaspers decía que todo
lo que hubiese sido destruido políticamente debería, a su vez, ser reparado y
discutido en este espacio,28 la justicia transicional trata de responder a este ideal
a fin de que un pasado político cargado de vejaciones y perversiones pueda,
con el tiempo, dar paso a una sociedad libre y equitativa, donde el recuerdo no
produzca odio, ni terror, ni venganza.
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