LA CONCILIACION EN ADMINISTRATIVO
La conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que constituye, a la vez, por mandato legal, requisito de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140 y 141 en concordancia con el numeral primero del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
Desde la entrada en vigencia de la Ley 23 de 1991, cuya esencia era la descongestión de los despachos judiciales, estaba intrínseco el discurso de la resolución pacífica de conflictos a través de la implementación de mecanismos tales como la mediación, la amigable composición, el arbitraje y la conciliación.
Por su parte, la Ley 446 de 1998 dedica en su Parte III, cinco capítulos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluida la conciliación extrajudicial, cuyas normas recogen legislaciones anteriores, algunas de carácter transitorio, otras de orden procesal, pero todas ellas dirigidas a fortalecer la justicia alternativa y a facilitar cada vez más a los ciudadanos la posibilidad de prestar el servicio público de administrar justicia.
De otro lado, la Ley 640 de 2001 se propuso hacer más fácil el acceso de los colombianos a la conciliación y, en consecuencia, tiene un capítulo para tratar el tema de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, como otro dedicado a establecer la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir a diferentes jurisdicciones, incluida la de lo contencioso administrativo.
La Ley 1285 del 2009 reformatoria de la “Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia”, dispuso en su artículo 13 la obligatoriedad de acudir a la conciliación como “requisito de procedibilidad” previo a iniciar una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto quiere decir: que para iniciar cualquiera de las acciones contempladas en los artículos 138, 140 y 141 del Código Contencioso Administrativo, antes de presentar la demanda ante dicha jurisdicción se debe intentar previamente la conciliación; y, que la única instancia ante quien se debe promover la conciliación contencioso administrativa es ante la Procuraduría General de la Nación.
Por otra parte, en materia de descongestión judicial, la Ley 1395 de 2010 introdujo en el parágrafo tercero del artículo 52 la posibilidad de subsanar las solicitudes de conciliación en un término perentorio de cinco (5) días, al cabo de los cuales, si no se realiza, se entiende por no presentada la solicitud
El requisito de procedibilidad (Artículo 161 del C.P.A.C.A) relacionado con la conciliación extrajudicial, como presupuesto procesal que es, debe verificarse antes de la presentación de la respectiva demandada para el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código., y, puesto que por disposición expresa de la Ley 1285, en sus artículos 13 y 28, y dado el carácter procesal de la norma respectiva, tal requisito entró a regir a partir de la respectiva promulgación.
Dicha función fue asignada a las Procuradurías Judiciales para Asuntos Administrativos bajo la coordinación de la Procuraduría Delegada para la Conciliación, la cual bajo la disposición de la Ley 1367 de 2009, fue organizada dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación y de las funciones correspondientes, con el siguiente marco de referencia:
- Propiciar ambientes de conciliación.
- Descongestión de los estrados judiciales.
- Dinamizar la toma de decisiones.
- Generar ahorros presupuestales.
- Propiciar Seguridad jurídica.
- Administración más eficaz.
- Generar una cultura de la conciliación.
- Velar por la eficacia de la Conciliación.
- https://youtu.be/q58uJrehalE
En materia laboral administrativa no es exigible conciliación extrajudicial para demandar
06 de Abril del 2018
Tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto el asunto en cuestión sea conciliable, recordó recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Así, no son conciliables las pretensiones que tienen por objeto cuestionar la legalidad de uno o varios actos administrativos, en tanto solo una autoridad judicial puede resolver si se ajustan o no a derecho. (Lea: Regulan procedimiento de selección de casos por parte de la Andje)
No sucede igual tratándose de restablecimiento del derecho, pues en dichas peticiones sí existen contenidos de naturaleza patrimonial que pueden ser disponibles por las partes y, en tal medida, en este evento sí es exigible la conciliación.
No obstante, el alto tribunal aclaró que los anteriores planteamientos tienen particularidades en asuntos contenciosos administrativo - laborales, donde el principio de irrenunciabilidad y la facultad constitucional de conciliar y transigir únicamente derechos inciertos y discutibles constituyen verdaderos límites a la autonomía de la voluntad.
Lo anterior quiere decir que no es razonable ni justificada la exigencia de someter a audiencia de conciliación extrajudicial la controversia sobre dichos derechos
Término de caducidad en el trámite de la conciliación prejudicial
Por otro lado, y en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley 640 del 2001 y el artículo 3° del Decreto 1716 del 2009, se debe recordar que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de la conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación.
Así, el interesado en acudir a la administración de justicia es quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar la demanda por fuera de los términos legalmente establecidos. (Lea: Conflictos de carácter tributario no son conciliables)
Cabe finalizar precisando que estas normativas claramente señalan que el término de caducidad se suspende hasta por tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. De ahí que “cumplido dicho lapso se reanuda el conteo sin importar si la diligencia pudo llevarse a cabo o si el trámite conciliatorio se logró surtir a cabalidad” (C. P. William Hernández Gómez).
CE Sección Segunda, Sentencia 250002325000201201393 (23702015), Feb. 1/
